La provincia de Santa Fe vive una jornada de tensión institucional y protestas dentro de la fuerza policial, con manifestaciones que se replican desde Rosario hasta la capital provincial por reclamos salariales, condiciones laborales y atención a la salud mental del personal. El conflicto, que se inició en la noche del lunes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, escaló en las últimas horas con anuncios oficiales de sanciones y pasos a disponibilidad de efectivos que interrumpieron el servicio regular.
Reclamos de los policías
Efectivos de la Policía provincial comenzaron las protestas con patrulleros alineados frente a la Jefatura y la Casa de Gobierno, exigiendo mejoras salariales, condiciones laborales más dignas y atención psicológica integral, en un contexto donde varios agentes señalaron que no logran cubrir con sus ingresos ni la mitad del mes. El conflicto también toca un tema sensible: la situación de salud mental de los uniformados, tras varios suicidios de agentes en la provincia en meses recientes.
Los manifestantes reclamaron que los beneficios salariales anunciados por la administración provincial deben aplicarse “a toda la fuerza y no solo a algunos sectores”, y pidieron que las mejoras se extiendan a personal técnico, operadores del 911 y otros roles que no perciben los mismos aumentos que quienes están en las calles.
Medidas del Gobierno y sanciones
Frente al acuartelamiento y la interrupción parcial del servicio, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó este martes que el Gobierno provincial pondrá a disponibilidad a al menos 20 agentes identificados por participar en actos que, según las autoridades, “constituyen abandono de servicio y conductas que ponen en riesgo la seguridad pública”. A esos efectivos se les retiró el arma reglamentaria y el chaleco antibalas mientras se investiga su actuación.
Cococcioni advirtió que el Ejecutivo “no tolerará el uso de la institución policial para minar las políticas de seguridad que tanto trabajo costó consolidar” y detalló que se pedirá al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que evalúe posibles ilícitos penales en la conducta de algunos manifestantes policiales.
Diálogo y contexto del conflicto
Tras horas de tensión, las partes decidieron restablecer el diálogo para intentar avanzar en acuerdos concretos y descomprimir la situación. Está prevista una reunión entre representantes del Gobierno y delegados de los efectivos para analizar los reclamos y buscar soluciones que permitan recomponer la normalidad en el funcionamiento policial.
Las manifestaciones también generaron posiciones encontradas entre dirigentes políticos de la provincia, algunos de los cuales advirtieron que la fuerza no puede interrumpir sus funciones esenciales y pusieron el foco en la necesidad de preservar la seguridad de la sociedad sin desatender las preocupaciones salariales de los agentes.