Desde la Secretaría de Inteligencia señalaron que la reestructuración del sistema apunta a mayor eficiencia, control estatal y transparencia institucional.
El Gobierno nacional defendió la reestructuración del sistema de inteligencia implementada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, y aseguró que las modificaciones se encuentran alineadas con “los más altos estándares democráticos y republicanos”.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) explicó que la reforma apunta a ordenar el funcionamiento interno del sistema, reducir estructuras innecesarias y mejorar los mecanismos de control institucional frente a los nuevos desafíos tecnológicos, criminales y geopolíticos.
Según detallaron, el decreto redefine con mayor precisión las competencias de los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, limita el accionar de la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente a tareas de contrainteligencia y elimina dependencias consideradas superpuestas, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Desde el Ejecutivo también aclararon que la normativa no altera la conducción actual de la SIDE, que continúa bajo la titularidad de Cristian Auguadra, acompañado por Diego Kravetz como segundo. Auguadra cuenta con una trayectoria previa dentro del área y asumió el cargo luego de desempeñarse en el sector de Asuntos Internos.
La medida despertó críticas en distintos espacios de la oposición, que cuestionaron el uso del DNU para introducir cambios en la Ley de Inteligencia y anticiparon pedidos de informes en el ámbito legislativo. A pesar de ello, el Gobierno considera que la reforma se mantiene plenamente vigente.
Desde la Secretaría de Inteligencia subrayaron que el nuevo esquema busca consolidar un sistema moderno y profesional, con funciones claramente delimitadas. En ese sentido, se ratificó que la seguridad interior seguirá bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, la inteligencia militar será responsabilidad del Estado Mayor Conjunto y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado quedará a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a la contrainteligencia, el comunicado destacó que su función queda definida de manera expresa como la protección del Estado frente a acciones de espionaje, sabotaje o injerencia externa, descartando cualquier intervención en tareas de espionaje interno o persecución política.
Por último, la reforma incorpora un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos, basado en la trazabilidad, el registro obligatorio de cada requerimiento y la automatización de procesos. Según señalaron, este mecanismo busca limitar la discrecionalidad, reforzar la transparencia interna y fortalecer los controles legales, técnicos y presupuestarios del Sistema de Inteligencia Nacional.