La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la controvertida reforma laboral, iniciativa impulsada por el Gobierno que modifica aspectos clave de la legislación laboral argentina. La aprobación se concretó con el apoyo de bloques peronistas del oficialismo y aliados, mientras que sectores de la oposición y parte de la sociedad expresaron un rechazo contundente en las calles mediante movilizaciones y protestas.
El debate en el recinto fue intenso y se extendió durante varias horas, con discursos a favor y en contra de las modificaciones que el proyecto incorpora, especialmente en temas como la negociación colectiva, la regulación de horas de trabajo, los mecanismos de compensación salarial y la creación del sistema de banco de horas. Tras la votación, la iniciativa obtuvo los votos necesarios para avanzar al Senado, donde continuará su tratamiento en las próximas semanas.
La aprobación en Diputados se dio con una mayoría que incluyó a sectores del peronismo que respondieron favorablemente al texto acordado por el bloque oficialista y sus aliados. El oficialismo destacó que la reforma busca modernizar el marco laboral, atraer inversiones, generar empleo y flexibilizar ciertos aspectos de las relaciones entre empleadores y trabajadores.
Por su parte, en las calles se vivió una respuesta social significativa, con marchas y protestas en distintas ciudades del país —incluida Mar del Plata— donde sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y vecinos manifestaron su rechazo a la reforma, argumentando que podría debilitar derechos laborales históricos y afectar la estabilidad de los trabajadores.
Las protestas se desarrollaron con cortes, banderas y arengas frente a edificios públicos, mientras que los manifestantes reclamaban un debate más amplio y participativo antes de la aprobación de los cambios. En algunos sectores, las movilizaciones confluyeron con reclamos de otros sectores de la sociedad, ampliando el espectro de voces que cuestionan la orientación de la reforma.
Con la media sanción en Diputados, ahora la iniciativa pasará al Senado de la Nación, donde continuará su tratamiento legislativo. Allí se prevé un nuevo capítulo de discusiones entre legisladores, sindicatos y organizaciones sociales, en un contexto de atención pública intensificada