La Justicia resolvió no otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a un detenido que perdió un ojo luego de haber sido atacado dentro de la cárcel.
Se trata de un hombre que cumple una condena de siete años y seis meses por robos agravados, con vencimiento previsto para 2028. Durante su detención, en enero de 2025, fue víctima de una agresión con arma blanca que le provocó una grave lesión ocular, lo que derivó en la extirpación de su ojo izquierdo.
A partir de ese hecho, su defensa solicitó el arresto domiciliario, argumentando que el Servicio Penitenciario no garantizaba un seguimiento médico adecuado y que su estado de salud podía empeorar.
Sin embargo, tanto el juez de Ejecución como la Cámara de Apelación rechazaron el pedido. Consideraron que el detenido recibe atención médica suficiente dentro del sistema penitenciario, y que no se comprobó que su permanencia en prisión implique un riesgo mayor para su salud.
De todos modos, el tribunal ordenó reforzar controles médicos y garantizar interconsultas para evitar complicaciones futuras.
El fallo vuelve a marcar una línea clara: la prisión domiciliaria no es automática, ni siquiera ante situaciones graves, sino que debe justificarse con pruebas concretas de que el sistema no puede responder.
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