El Gobierno nacional impulsó un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye la reducción de la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 13 años, y logró que la iniciativa sea incorporada al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. Esta decisión fue oficializada a través del Decreto 53/2026, firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, y busca abrir el debate parlamentario sobre diversos aspectos de la normativa que regula la responsabilidad penal de quienes todavía son adolescentes.
El proyecto, promovido por los ministerios de Seguridad y de Justicia, plantea una actualización del régimen vigente desde hace décadas, con especial énfasis en modificar la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados por delitos tipificados en el Código Penal. Bajo la propuesta, adolescentes de entre 13 y 18 años podrían ser imputados, siempre que se trate de hechos considerados delitos graves según la legislación.
Además de la baja de la edad de imputabilidad, la reforma busca crear un nuevo esquema de medidas para adolescentes en conflicto con la ley, que podría combinar sanciones específicas con dispositivos educativos y mecanismos de reinserción social, adaptados a las situaciones particulares de cada caso. Estas modificaciones forman parte de una visión más amplia del Ejecutivo sobre la política penal juvenil.
Al reabrir oficialmente este debate en el Congreso, el Gobierno habilitó el tratamiento de un tema que venía siendo analizado por distintas comisiones legislativas en los últimos meses y que genera amplio interés público, ya que implica cambios profundos en la forma en que el sistema de justicia argentino aborda los hechos delictivos cometidos por adolescentes