La controversia en torno a los precios de la indumentaria en Argentina escaló esta semana después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, generara malestar con declaraciones en las que afirmó que nunca compró ropa en el país porque los precios eran “un robo”. En respuesta, representantes de la industria textil local salieron a cuestionar duramente tanto el contenido de las críticas como lo que consideran una falta de acciones concretas para aliviar la presión fiscal sobre el sector.
Caputo había señalado que los costos de la indumentaria y el calzado eran significativamente más altos que en otros mercados, y defendió la apertura a la competencia internacional como un medio para ayudar al consumidor. Aseguró que décadas de protección estatal habían favorecido a ciertos sectores industriales, pero que resultaron en precios excesivos para los argentinos.
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), a través de su presidente Claudio Drescher, rechazó esas afirmaciones y destacó que durante los últimos años el sector no logró desarmar “ni un solo impuesto”, pese a promesas de alivio para la producción local. Según Drescher, la carga impositiva sobre las prendas incluye una combinación de tributos que puede llevar el peso total a más de la mitad del precio al público, mientras que otros costos como alquileres y financiamiento también impactan fuertemente en el precio final.
El dirigente industrial describió su sensación de “desilusión y tristeza” por la actitud del ministro y planteó que el problema de los precios elevados no se limita sólo a la ropa, sino también a otros bienes de consumo, como alimentos o neumáticos, cuya estructura de costos en Argentina supera ampliamente la de muchos mercados externos. Además, mencionó que el sector ha perdido empleo en los últimos años y que las importaciones de prendas crecieron de forma notable, reflejando un cambio en la dinámica del mercado.
Este cruce se produce en un contexto en el que la industria textil y de indumentaria argentina enfrenta desafíos estructurales, con plantas que han reducido producción y una caída en la utilización de la capacidad instalada respecto a años anteriores, según informes sectoriales que muestran una contracción acumulada de la actividad.