El Poder Ejecutivo nacional decidió retirar este martes el proyecto de reforma de la Ley de Régimen Penal Juvenil que había enviado al Congreso de la Nación, tras detectar diferencias políticas con sus bloques aliados, especialmente en torno a la edad de imputabilidad penal de los adolescentes.
La iniciativa, que ingresó hace poco a la Cámara de Diputados, proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años, un punto que no logró aval entre los partidos que integran la coalición oficialista ni entre sectores dialoguistas del Parlamento, que ya habían acordado previamente un texto con la edad mínima en 14 años.
La diferencia en ese punto clave llevó al Gobierno a solicitar formalmente el retiro del proyecto, apenas horas después de su presentación, para evitar que el debate parlamentario se vea trabado por la falta de consenso y pueda avanzar con una propuesta que reúna mayor apoyo político.
La versión retirada incluía además una asignación presupuestaria explícita para garantizar la implementación de la norma, con partidas de más de 20 000 millones de pesos para la Defensoría General de la Nación y más de 3 000 millones para el Ministerio de Justicia, incorporando un esquema de financiamiento más claro que en versiones anteriores.
Las autoridades del oficialismo anunciaron que en las próximas horas se presentará una nueva versión corregida del proyecto, con ajustes para retomar el diálogo con los aliados legislativos y buscar los apoyos necesarios que permitan su tratamiento en comisiones y, eventualmente, en el recinto de la Cámara baja.
El eje del debate seguirá siendo la edad a partir de la cual los menores pueden ser responsabilizados penalmente, un tema que vuelve al centro de la discusión política y que divide posiciones incluso dentro de los bloques que integran la coalición de gobierno.