El conflicto por el financiamiento de las universidades sumó un nuevo capítulo: el Gobierno nacional decidió recurrir a la Justicia para intentar suspender la aplicación de la ley votada por el Congreso.
La norma, sancionada en 2025, establece la actualización de salarios docentes y no docentes, además de becas estudiantiles, con el objetivo de recomponer el presupuesto universitario frente a la inflación.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que su implementación requiere definir previamente las fuentes de financiamiento y su impacto en el equilibrio fiscal, por lo que busca frenar su ejecución en los tribunales.
El escenario se vuelve aún más tenso porque la Justicia ya había fallado en sentido contrario: la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó que la ley se cumpla de manera inmediata, rechazando los argumentos del Gobierno.
Esto abre una disputa institucional de alto voltaje, donde se cruzan decisiones del Congreso, resoluciones judiciales y la postura del Ejecutivo.
Mientras tanto, el sistema universitario sigue en estado de alerta, con reclamos por salarios y presupuesto que no encuentran todavía un punto de equilibrio.
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